En marzo de 2016, la Asamblea General de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) acordó declarar el día 30 de Noviembre como Día Internacional de la Ciudad Educadora. Coincidiendo con este día, desde el Ayuntamiento de Barcelona, por medio del Instituto Municipal de Educación de Barcelona (Área de Derechos Sociales) y del Departamento Barcelona Ciutat Educadora, se han organizado el 29 de noviembre la jornada “El derecho a la ciudad educadora“, a cargo del Departamento Barcelona Ciutat Educadora, y el 30 de noviembre el simposio “El derecho colectivo a la educación“, a cargo del Instituto Municipal de Educación de Barcelona.

Desde DUNA asistimos a estas jornadas, celebradas en el Colegio de Abogacía de Barcelona, que estaban dirigidas, principalmente, a profesionales de la educación, técnicos y técnicas municipales, AMPA’s, entidades, responsables políticos, agentes y operadores necesarios en el debate sobre el papel de la ciudad como contexto pedagógico y sus potencialidades y, también, a la ciudadanía en general interesada en esta temática.

Qué es la ciudad educadora?
• es la que invierte en la educación en cada persona, de forma que esta sea cada vez más capaz de expresar, afirmar, y desarrollar su propio potencial humano;
• es una realidad interdependiente con la del territorio del que forma parte y ejercita y desarrolla la función educadora paralelamente a las tradicionales – económica, social, política y de prestación de servicios;
• es la que tiene la mirada puesta en la formación, promoción y desarrollo de todos sus habitantes.
Desde la administración local se proyecta sobre la educación una mirada sustentada en la idea de ciudad educadora: la educación acontece un instrumento esencial para el desarrollo personal y colectivo. Durante el simposio del día 30, se reflexionó sobre los posibles efectos de un incremento de la inversión publica. En el caso de Cataluña hay un problema de infra-financiación educativa, y las categorías que tendrían más margen de ampliar la financiación en Cataluña serían 0-3 años, extraescolares y el ocio, educación por adultos y formación ocupacional, que han sufrido todos recortes durante los años de crisis.

Según los datos del encuentro del Día Internacional de la Ciutat Educadora, desde una perspectiva económica, las razones para apostar por una ampliación del alcance del derecho a la educación son varias: una mejora de la financiación del estado de bienestar implicaría menos paros y mayores salarios; los retos del mercado de trabajo presente y futuro requerirán sistemas formativos continuos, accesibles y de calidad; las inversiones en pequeña infancia, ocio y extraescolar suponen incrementar la continuidad de las trayectorias educativas y generan un ahorro en futuros gastos en la formación de adultos y en políticas de prestaciones públicas y de activación social.

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